Esta normativa derivada de la Directiva de la UE del mismo nombre, tiene como objetivo principal proteger a los informantes en las empresas.
Esta ley es un paso crucial en la lucha contra la corrupción y otras malas prácticas, ya que establece medidas para que las denuncias puedan realizarse de manera segura y confidencial.
¿Qué establece la ley?
La normativa obliga a las empresas con más de 50 trabajadores, las administraciones públicas y los municipios con más de 10,000 habitantes a implantar un canal de denuncias que garantice la confidencialidad. Este canal debe estar diseñado para que cualquiera pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias. Las organizaciones que no cumplan con esta obligación arriesgan sanciones de hasta 1 millón de euros.
Obligaciones para las organizaciones
Desde la entrada en vigor de esta normativa, las organizaciones deben asegurarse de tener implantado un canal ético que se ajuste a la nueva ley. Aquellas que aún no lo hayan hecho deben actuar de inmediato para evitar sanciones.
La Ley de Protección de Informantes en España es una herramienta vital para promover la integridad y combatir la corrupción. Es esencial que tanto las empresas como las administraciones públicas cumplan con esta normativa y establezcan canales adecuados para proteger a quienes se atreven a denunciar malas prácticas. Con esta ley, España se alinea con los estándares europeos en la protección de los derechos de los informantes, reforzando el compromiso del país con la transparencia y la justicia.
Si tienes más de 50 trabajadores en tu empresa, formas parte de una administración pública o resides en un municipio con más de 10,000 habitantes, asegúrate de que tu organización cumpla con esta nueva normativa y establezca un canal de denuncias seguro y confidencial. La protección de los informantes es fundamental para un entorno laboral y social libre de corrupción.
